La política económica en un país de novela. El caso argentino
22/01/12 - Lic. Santiago Gastaldi

La política de Cristina Fernández (CFK) en su segundo mandato, acentúa el intervensionismo económico del primero,  haciendo de Argentina “un país de novela” (título del libro de Marcos Aguinis), cuya consecuencia es la ineficiencia y la pérdida de libertades de los ciudadanos. El intervensionismo post De la Rua tuvo distintas modalidades y propósitos, siendo el actual proteccionista y mercantilista, e inducido por la perspectiva de un 2012 con un profundo deterioro del balance comercial y de divisas del país. Es política de la Presidente, y no del Secretario Guillermo Moreno (GM), quien sólo ejecuta lo que CFK le ordena.

El mercantilismo, como política económica, surgió en Europa alrededor de tres siglos atrás. El núcleo de la política era favorecer exportaciones, para desarrollar una pujante industria, y constreñir al máximo (vía prohibiciones) las importaciones, para desarrollar industrias que abastezcan el mercado local, siendo la consecuencia el aumento de las reservas de oro, manifestación de la riqueza del país. Adam Smith, filósofo moral de la Escocia del siglo XVIII, en 1776 escribe “La Riqueza de las Naciones”, demostrando las falacias mercantilistas y que son los más amplios intercambios comerciales internos y externos los que conducen a la producción eficiente (que los recursos sean bien aplicados) y al bienestar de los pueblos. La escuela de los economistas alemanes de mediados del siglo XIX, contraria al liberalismo de los clásicos ingleses, se mostró partidaria de la protección comercial, pero la motivación no era la acumulación de oro sino equiparar el poder entre los países que participan del juego del comercio internacional. Lograda ésta, la apreciación era que los países se benefician del comercio.

La política en casa

Desde la caída de F. De la Rua, fin de 2001, el intervensionismo tuvo diversas fases.  El del gobierno de E. Duhalde y de N. Kirchner (NK) se propuso reorganizar la economía sobre bases diferentes a la construida por el gobierno justicialista de C. Menem (10 años), explotando al máximo, sobre todo NK, la elevada capacidad ociosa existente. Dejando al margen la ocurrida en los bancos, la intervención en los mercados estuvo relacionada a la pesificación de tarifas y a la limitación de comercialización externa de petróleo y combustibles derivada de retenciones móviles aplicadas junto a cupos de exportación. La producción de petróleo y combustibles fue desalentada, por los precios contenidos, pero fue en esta etapa un elemento importante en la recuperación de la actividad económica global.
Luego de la salida de R. Lavagna del ministerio de economía, fin de 2005, NK en el 2006 y hasta el fin de su mandato (diciembre de 2007) decide la intervención en los mercados de las carnes, lácteos, maíz y trigo, con el fin de abaratar “la mesa de los argentinos”(los precios de las commodities experimentaban fuertes subas en el mercado internacional), restringiendo las exportaciones de esos artículos (se permite exportar si no se afecta el abastecimiento del mercado interno). La consecuencia fue el cierre de cientos de tambos, de miles estaciones de servicios, la liquidación de 10 millones de cabezas de ganado y la pérdida de mercados internacionales. Se concretó algo raro en la historia económica mundial: que un país castigue la producción de algunos de sus bienes de exportación, que desincentive la exportación.

El intervensionismo del primer gobierno CFK no cambió la tónica anterior, agregándose el dato de la creciente carga de los subsidios (a los productores de algunos alimentos y de los servicios de luz, agua, gas y transportes) en el presupuesto de la nación. En la última mitad del mandato debió liberar los precios de la ganadería, porque se iba camino a la importación de carnes. El encarecimiento de la carne en los últimos dos años fue tan considerable como para reducir el consumo en 15 kg por persona al año. Por otro lado, la política fue nefasta para los productores de trigo y maíz, quienes suelen no tener precios de pizarra para referenciar sus necesidades de comercialización, resultando natural la sojización de las actividades productivas del campo, pese a las elevadas retenciones. Para el sector de la energía, la consecuencia fue la conversión del superávit a déficit en su balanza de comercio externo.

Política intervensionista reciente

Desde el segundo cuatrimestre de 2011 se acentuó el proteccionismo. Recrudeció el uso de las licencias no automáticas de importación, que trajo fuertes reclamos de los socios del MERCOSUR. El motivo de esto fue atender algunos sectores productivos internos, que tienen un tipo de cambio real muy bajo (producto de la elevada inflación) y encuentran dificultoso competir con los bienes extranjeros. El segundo hito ocurre a fines de octubre, luego de las elecciones, cuando CFK decide parar la corrida contra el peso, surgida por la desconfianza generalizada en la política económica que se podía poner en práctica luego de diciembre, estableciendo para ello trabas a la adquisición regular de dólares para transacciones no derivadas del comercio de bienes, debiendo autorizar la compra la AFIP según declaracióln patrimonial y de ingresos del contribuyente. La medida fue efectiva, fue un verdadero “corralito cambiario”. 

Pero subsistía el problema de atraso cambiario (hoy, en las sierras de Córdoba se paga 1,60 euros por un simple mate cocido en servicompras de estaciones de servicios) y su consecuencia, la desaparición del otro superávit estrella del modelo productivo, el del balance comercial externo, ¡justo cuando hacen falta tantos miles de millones de dólares para pagar los compromisos externos! y el país no tiene acceso al mercado de préstamos, porque no se ha salido aún del default. ¿Qué propuso entonces -hace 10 días- G. Moreno a la Presidente CFK –y ésta aceptó-?. Obstaculizar, a través de la Declaración Anticipada de Necesidades de Importación, operativa a partir del 01.02. 2012, la adquisición de dólares y euros, sea para compras de insumos, bienes o servicios, para favorecer el logro de un balance comercial de 10.000 millones de dólares en el presente año. Si bien algunos productores nacionales estarán de fiesta, porque se derivará hacia ellos una demanda que no los favorecía, la consecuencia para el país será ampliamente negativa: por la ineficiencia que implica el cerramiento comercial, por el alza de precios que conllevará, por las dificultades de numerosas empresas locales (entre ellas, las exportadoras) para obtener los insumos especializados que requieren sus procesos productivos, por las retaliaciones comerciales de otros países que se generarán, y por la pérdida del derecho de ciudadanos y empresas de efectuar sus compras en los lugares que estimen ellos más convenientes, y no donde la Presidenta CFK o el Secretario GM quieran.

Las mil formas de decir que el ajuste no es ajuste
15/01/12 - Lic. Claudio Forlani

Aunque sea duro decirlo, los anuncios de aumentos de tarifas, es en realidad un ajuste largamente demorado, diez años, desde la salida de la convertibilidad, donde muchos han gozado de precios irrisorios para algunos servicios. Sobre este atraso tarifario posibilita dos apreciaciones negativas, primero desde el punto de vista de la eficiencia económica, porque los usuarios fueron tomando sus decisiones de consumo en base a precios por debajo del costo de producción, y ello estimulaba el uso irracional del servicio, mientras que los productores no han invertido, poniendo en riesgo la disponibilidad a mediano plazo y el crecimiento de la economía a largo plazo.
Segundo, desde el lado de la distribución del ingreso, el subsidio de mantener congelada las tarifas ha significado beneficiar a sectores sociales que no necesitaban del mismo o a regiones y ciudades, cuyo nivel de vida no lo ameritaba. Mientras tanto la parafernalia de subsidios otorgados en forma indiscriminada significo no invertir en infraestructura social básica (carreteras, escuelas, cloacas, agua potable, generación eléctrica, etc.) que en definitiva son esenciales para el crecimiento económico a largo plazo
Además otro aspecto no aclarado, es que la baja de subsidios, no significa que el ahorro que hace el Estado, se destine a recomponer o mejorar los ingresos de las empresas prestadoras de servicio o que bajen los impuestos, sino que en realidad disminuye el dinero que pone el sector público para subsidiar las tarifas, y aumenta el que deben poner los consumidores, pero como el dinero de los subsidios en definitiva sale en definitiva del bolsillo de los mismos ciudadanos usuarios de servicios públicos, vía impuestos, en realidad lo que termina ocurriendo son dos cosas, una que aumenta la presión impositiva, dos como no aumenta la retribución a las empresas prestadoras, eso implica que esta suba no garantiza nuevas inversiones, necesarias para aumentar la capacidad instalada
Como se fueron agravando y profundizando las distorsiones acumuladas desde la salida de la convertibilidad, en algún momento el Gobierno debía poner sobre la mesa y transparentar esa situación, pues se tornaba insostenible; no debe descartarse que la quita de subsidios sea mucho más amplia de lo anunciado y que mas que interpretar esto como una medida progresiva, -lo cual en si puede ser cierto- debe esclarecerse la realidad, y que se explique por qué se subsidiaba por ejemplo, casinos, hipódromos, y otros negocios. 

Mercado cambiario

La política de control de cambios hace recordar a la ley seca, de Estados Unidos en la década del´20, se prohibió la venta y consumo de bebidas alcohólicas, pero eso no significo que desapareciera el deseo de la gente por ingerir esos productos, sucediendo lo esperable en estas circunstancias, la aparición de mercado negro a precios mucho más elevados de esas bebidas, como consecuencia quienes la vendían tuvieron grandes ingresos, lo que posibilitaba corromper a policías y jueces. Haciendo una analogía con nuestra realidad, los controles y prohibiciones no hicieron que las personas disminuyeran su deseo de adquirir dólares, en todo caso lo que se canalizaba por el mercado formal, por ejemplo comprar donde se tiene una cuenta bancaria, se dirigió al circuito informal (arbolitos, financieras, particulares, etc.) con menos controles (o mejor aún sin controles) pero a valores más elevados (en algunos casos el dólar paralelo llego a 5 pesos), en una suerte de revival de la bicicleta financiera. Vale decir en el modelo productivo los especuladores vendían a 5 pesos lo que según el Gobierno debía valer $ 4,25
Un situación similar se puede presentar con el turismo; las trabas para adquirir dólares significan barreras para hacer turismo en el exterior, pero nuevamente esto no significa que haya desaparecido el deseo de viajar afuera, alimentado a su vez porque no existe demasiada diferencia de costos entre veranear en Argentina o en las playas de los países más cercanos; es que por un lado el dólar cada vez más barato, es un incentivo a viajar al extranjero, pero al mismo tiempo las trabas tornan cautivo el mercado doméstico para los operadores turísticos locales ¿Qué puede provocar esto?
Que por un lado como no compiten con el destino extranjero, quienes operan internamente aprovechen para incrementar los precios de los distintos servicios turísticos (alojamiento, restaurantes, transportes, etc.), pero de ocurrir esto, va a aumenta la diferencia de costos y el atractivo para veranear en el exterior, lo cual lleva a que aumente la demanda de dólares, pero como existen restricciones para adquirirlos esto conduce al mercado paralelo de cambios y nuevamente lo arbolitos hacen la diferencia.
Además cabe también otra posibilidad, como para adquirir dólares en el circuito formal se deben ingresos que justifiquen el monto a comprar, evidentemente a mayor nivel socioeconómico más fácilmente se justifica la adquisición de la verde divisa, entonces el procedimiento administrativo de conseguir divisas para viajar al exterior es más rápido.  En definitiva se puede argüir una frase del estilo “turismo en el exterior para los ricos, veraneo en casa para el resto”.

El ajuste

En definitiva el ajuste tan temido y dilatado llego para quedarse y vendrá de la mano de la baja de subsidios a los servicios público, subas en el costo de los combustibles (o su contracara la cola en las estaciones para poder conseguirlo) y de crecimiento nominal de los salarios por debajo de la inflación (o sea una baja de salario real (recordar cuando a inicios del 2001 un ministro de economía intento bajar los sueldos del sector público y se tuvo que ir) pero que luego disminuyeron bruscamente con la crisis de finales de ese año. 
Toda la batería de anuncios sobre metodologías para aceptar o renunciar a los subsidios, no es más que una puesta de escena, para disimular que se acabo lo que se daba, el agua, el gas natural y la energía eléctrica van a aumentar de precio; pues el rubro subsidios, a la energía y el transporte, las pérdidas de empresas estatales y otros rubros menores más, es el segundo en importancia dentro del presupuesto, en consecuencia el sector público cierra el 2011 con un déficit del orden de los $ 30.000 millones,  y como la caja ya no alcanza, se vienen el tarifazo (o rodrigazo versión 2012).
El despertar a la realidad económica vino inmediatamente luego del categórico triunfo del 23 de octubre; la sociedad le pregunto al gobierno, ya ganaron ¿qué van a hacer con los problemas irresueltos? -inflación, atraso cambiario, subsidios insostenibles- y ante la falta de respuestas la gente huyo de la economía nacional hacia la compra de dólares, no renovando los depósitos en esta moneda y como corolario vino el primer ajuste, la suba abrupta de las tasas de interés que pagan los bancos para evitar pérdida de depósitos  
Con este panorama el escenario más probable es que el gobierno haga la plancha hasta la entrada de las divisas por la cosecha gruesa, desde marzo y con mayores controles vía súper Moreno.

El límite a la tasa para jubilados es el punto de partida, pero el problema tiene grandes dimensiones
08/01/12 - Lic. Cecilia Reboyras

El pasado 21 de diciembre, la Presidente de la Nación anunció una medida tendiente a limitar la usura contra jubilados. Esa normativa que se oficializó mediante un decreto, especifica que la tasa de interés para préstamos destinados a este segmento de la sociedad no debe superar en un 5% la tasa del Banco Nación para esas mismas operaciones. Al reconocer la existencia de la usura, la medida es un importante punto de partida hacia el abordaje del problema, pero siendo éste tan extendido y arraigado en la sociedad y el mercado financiero, su solución requerirá más que una reglamentación de tasas para un determinado sector social.

¿Existe la usura en Argentina?

Esta pregunta es válida porque a la luz del anuncio presidencial del límite a las tasas interés para jubilados, parece que las tasas de interés aplicadas al sector se hubieran disparado recientemente. Pero la usura existe desde siempre y más allá de la legislación vigente en el país es una práctica que no ha conseguido desterrarse; es un abuso que puede cometer quien es dueño del dinero y que afecta patrimonialmente a quien lo precisa.
Desde una perspectiva moral, se puede definir a la Usura como aquella situación en la cual un crédito es otorgado por un costo (interés) superior al moralmente aceptable. En este último concepto surge el meollo de la cuestión: ¿cuál es la tasa moralmente aceptable para un crédito? En nuestro país, hasta el momento, la tasa que puede aplicar toda entidad que ofrezca este servicio no tiene un límite concreto.
Sin embargo la Usura es un fenómeno que sí está contemplado en la legislación argentina desde el ámbito civil y penal. El artículo 954 del Código Civil establece que podrá demandarse la nulidad o la modificación de los actos jurídicos cuando una de las partes explotando la necesidad, ligereza o inexperiencia de la otra, obtuviera por medio de ellos una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justificación. El artículo 175 bis del Código Penal, por otra parte, dispone que quien, aprovechando la necesidad, la ligereza o la inexperiencia de una persona le hiciere dar o prometer, en cualquier forma, para si o para otro, intereses u otras ventajas pecuniarias evidentemente desproporcionadas con su prestación, u otorgar recaudos o garantías de carácter extorsivo, será reprimido con prisión de 1 a 3 años y con multa de $3 mil a $30 mil para particulares, y de 3 a 6 años y con multa de $15 mil a $150 mil si fuera prestamista. Además, nuestro país como el resto de América Latina, se encuadra dentro del dictado de la Convención Americana sobre Derechos Humanos(1), en la que se reconoce a la usura como una forma de explotación, y que tanto ésta como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre deben ser prohibidas por ley.
Esto quiere decir que en nuestro país existe una pena concreta para la usura, pero su identificación queda librada al criterio del juez (jurisprudencia) que intervenga frente a la denuncia por parte del deudor; en cualquier otro caso, las tasas de interés aplicadas y cobradas en Argentina pasan desapercibidas por la justicia y es en este marco normativo que cualquier argentino puede ser víctima de usura, no solamente un jubilado. De hecho, un financista aplicó un interés anual de 686% en La Plata y al ser denunciado por la deudora, fue sobreseído por la justicia porque “fue la propia denunciante quien voluntariamente se acercó a las oficinas del imputado para obtener dinero en forma inmediata”(2).

La magnitud del problema

En el anuncio oficial del mencionado Decreto, se explica que actualmente se cobra hasta un 159% de interés al grupo; en muchas ocasiones cobran sus beneficios en las casas emisoras de esos créditos, por lo que los jubilados se convierten en cautivos del propio crédito al descontarles la entidad el monto correspondiente a la cuota fijada unilateralmente para el préstamo.
En la Defensoría del Pueblo de Río Cuarto se reciben aproximadamente 30 denuncias al mes que no sólo tienen que ver con altísimas tasas de interés, sino además por créditos otorgados por entidades bancarias y crediticias sin expreso consentimiento del titular del crédito, entre otras causas. Esto refleja que la magnitud del problema va más allá del monto de la tasa de interés aplicada a este grupo vulnerable; en sí todo el sistema de créditos para jubilados debería estar sujeto a revisión.
Pero además, en la identificación de la usura no sólo debe tenerse en cuenta la tasa de interés, también hay un interés encubierto en la suma de gastos administrativos, seguros y demás costos que componen el Costo Financiero Total de un crédito, que es muy superior a la tasa de interés y es el que finalmente el deudor termina pagando. En este problema no sólo están incluidos los jubilados, sino todos los usuarios de tarjetas de crédito, los que adquieren electrodomésticos en casas que ofrecen financiación propia y hasta las PyMEs que toman crédito en el circuito bancario.
Paralelamente, la existencia de inflación es determinante en la tolerancia social del incremento indiscriminado de tasas de interés, gastos administrativos y demás costos. Es difícil que un deudor pueda conocer claramente cuánto es el costo real del préstamo y cuánto está abonando por inflación; además con alta inflación es muy probable el no cumplimiento de los compromisos, incrementando el riesgo asociado al crédito y potenciando las tasas usurarias.

Otras legislaciones

En México, por ejemplo, el Banco de México regula los márgenes de intermediación bancaria publicando en el Diario Oficial de la Federación el monto de las tasas activas y pasivas para cada clase de crédito en el mercado, que son la referencia para considerar o no una operación como usuraria. En Venezuela, el delito de usura se define y se configura en la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario, y los máximos son fijados por el Banco Central de Venezuela, en atención a las condiciones existentes en el mercado financiero nacional. En Colombia, el límite lo fija el propio mercado financiero ya que por ley las tasas no pueden superar en 50% a la tasa de interés corriente que cobran los bancos por sus créditos de libre asignación. En Uruguay por ley se define la usura crediticia como el cobro de intereses excesivos en el préstamo dinerario, con máximos van del 60% al 90% de la tasa media de interés publicada por el Banco Central del Uruguay, dependiendo del monto del capital; también fija topes al interés por mora. Además define la usura real, que puede ocurrir en contratos no dinerarios y la usura en el cobro de comisiones de intermediación. En EE.UU., cada Estado determina el máximo legal para los créditos, pero el límite general es una tasa más de dos veces superior al que localmente está fijado, lo cual se entiende como delito federal. En Japón, la Ley para la Prevención de la Usura prevé tasas máximas que van del 20% anual para 100 mil yenes a 15% anual para 1 millón de yenes; de ese mismo modo determina el máximo para intereses moratorios, que no puede superar en dos veces los límites mencionados.(3)
Estos son algunos ejemplos de países que han avanzado en poner tope a los beneficios extraordinarios en el mercado del crédito, camino que Argentina debe comenzar a transitar. 

Reflexión final

El problema de la usura tiene varias aristas y está profundamente arraigado en las sociedades, es por eso que dejar librados a los mercados la determinación de tasas que no superen lo moralmente aceptable constituye un riesgo cuyas consecuencias “pagan” los grupos menos favorecidos.
El Diputado Genaro Collantes de Catamarca, presentó en el Congreso un Proyecto de Ley para modificar Código Penal por usura financiera en septiembre de 2007 primero y en marzo de 2009 después. El proyecto fue girado a las comisiones de Legislación Penal y Finanzas. Su principal aporte fue fijar un criterio concreto para definir Usura en caso que los cargos en préstamos en efectivo y en operaciones de financiamiento de venta de bienes y servicios, cuando superasen en más del 75% la tasa de interés promedio del Banco de la Nación para las operaciones de descuento de documentos comerciales, y los intereses moratorios y/o punitorios superasen en más del 100% a dichas tasas. Lamentablemente, en diciembre de 2009 con el fallecimiento del Dr. Collantes, el avance en el debate y la reformulación de la legislación vigente quedó trunco.
El decreto que fija un tope máximo a las tasas para jubilados es un buen punto de partida, pero no se debe olvidar que con el marco normativo actual todos los sectores de la sociedad argentina están expuestos a tasas potencialmente usurarias.

Referencias

(1) San José de Costa Rica, 22 de noviembre de 1969.
(2) Jueces Gustavo Bruzzone y Ma. Laura Garrigós de Rébori, en el caso contra el Centro Financiero Nax.
(3) Abog. Almudena Velásquez – Serv. Jurad. Ausbanc

Desde la salud presidencial al valor del dólar y el corte de los subsidios
Más incertidumbre en el horizonte económico
01/01/12 - Dr. Flavio E. Buchieri

El anuncio de la enfermedad que padece Cristina Fernández de Kirchner ya es un dato clave para el análisis económico de largo plazo. De ahí el cuidado con el que se produjo su comunicación y el detalle con que se lo hizo, de modo de no dejar lugar a dudas sobre el futuro benigno de la salud presidencial. Y esto es importante por las características con las que ejerce la Presidente su gobierno, altamente personalista, concentrado y con pocos “decisores” en la mesa chica del máximo poder del país.
La salud presidencial viene a exacerbar el ya de por sí alto margen de incertidumbre que dominará la economía en el 2012. Y esto es clave por la falta de liderazgo en la oposición como por la ausencia de “herederos” en el seno del oficialismo. Mi querido amigo y colega de estudios en el CEMA, Amado Boudou, asumirá la Presidencia por tres semanas y nadie espera un comportamiento díscolo por parte del vice-presidente. Aunque nadie lo ve a Amado como un garante y/o continuador del modelo kirchnerista, por más que él mismo se haya inmolado varias veces a favor del mismo y haya renegado de sus convicciones, muy fuertes una década atrás.
Más allá de la salud de Cristina, la economía sigue a la espera de definiciones que influirán en el crecimiento del país en el próximo año. Nadie sabe bien lo que es la “sintonía fina” ni cómo se aplicará. Máxime cuanto los holgados márgenes que brindaban tanto la coyuntura externa como la interna ya muestran signos de marcado agotamiento. El déficit fiscal se ha instalado hace ya un par de años, con marcado financiamiento por parte del Banco Central mientras que el superávit externo aún es positivo pero cada día contribuye con menos dólares al colchón de reservas del BCRA. Si a eso le sumamos la fuerte salida de capitales, la fortaleza del modelo está francamente fuera de toda discusión.
Por otro lado, lo más interesante y que menos ayudará al país –como lo hizo en los pasados ocho años- viene del exterior, ya que la continuidad de la crisis externa, hoy en día fuertemente anclada en Europa, proyecta un menor dinamismo para el resto del mundo. Amén de la irresolución de la crisis del euro, la percepción de un orden económico en plena transición lleva al acortamiento del horizonte de toma de decisiones. Y esto es clave para entender el futuro que espera a Brasil y China que, junto con Europa, son los principales compradores de nuestras exportaciones. La desaceleración observada en los tres escenarios justifica la mayor parte de los pronósticos de crecimiento para el país en el 2012: 2,5% promedio. Si se tiene en cuenta que hemos crecido a un promedio del 8% en los últimos años, la brecha será muy grande para ser digerida sin tensiones internas.
El debilitamiento del frente fiscal, primer pilar del modelo, ha llevado al Gobierno a replantear su política de gasto público y financiamiento en un contexto de cuasi-tipo de cambio fijo –que ha acotado los márgenes de rentabilidad de las empresas- y con un importante diferencial entre la tasa de inflación y depreciación de la moneda que desafía el rol del tipo de cambio como ancla nominal a mediano plazo (nadie discute que, a futuro, el dólar debe subir, con lo cual se espiralizan las expectativas de aumentos en los niveles de precios de toda la economía). La gran deuda sigue siendo, desde mediados del 2006, el sinceramiento y control de la inflación.
El Gobierno es consciente de estos desafíos, pero se topa actualmente con dificultades propias y ajenas. Gran parte de los elementos que hoy actúan debilitando el clima de negocios son particularmente microeconómicos e institucionales. El complicado esquema de incentivos sectoriales y su desmonte progresivo así como los cuellos de botella –sobre todo energéticos– y la baja competitividad son algunos de los principales problemas para sostener el actual nivel de actividad económica.
Por otro lado, la dinámica política en el seno del oficialismo también es un factor de preocupación. Al “síndrome del pato rengo”, situación que llevará a mantener, por lo bajo, el sueño de la re-reelección en marcha por varios años más, se le suma la disputa con Moyano y la renovación de la clase dirigencial que ha encarado el gobierno nacional. El líder de la CGT ve amenazada su continuidad al frente del liderazgo sindical nacional, situación que provocará no menores cimbronazos en su relación con al ejecutivo nacional. Si a eso se le suma la delicada situación fiscal que atraviesan casi todas las provincias argentinas, la liga de gobernadores peronistas surgirá como contrapeso natural frente al avance de los jóvenes K aglutinados en La Cámpora. Con lo cual, la verdadera oposición ya surgió en el seno del propio partido gobernante.
Queda por ver cómo las pautas oficiales de inflación deseados por la Presidente en torno al 18% promedio se alcanzan en las próximas paritarias nacionales. Moyano ya anunció un piso del 35% aunque, como ya sabemos, la capacidad de negociación del camionero está lejos de ser cuestionada. Habrá que ver cuán amenazada se encuentra su situación como por los incentivos que el Ejecutivo Nacional le brinden a la hora de confluir sus expectativas con las apuntadas por el Gobierno Nacional. Si se logra la pauta de ajuste deseado por el gobierno se viabilizará, con altas probabilidades, un proceso de convergencia hacia un sendero de ajuste de precios y salarios más bajo y coherente con las posibilidades de producción y de distribución del ingreso de la economía nacional, sin tensiones de mediano plazo.
En fin, parece que el ciclo del crecimiento infinito ha llegado a su fin. O, por lo menos, en la medida que lo veníamos registrando. El gobierno ha puesto dosis de racionalidad desde que asumió su segundo período el 10 de Diciembre del año pasado. Sin embargo, los super-poderes otorgados a Guillermo Moreno empañan el discurso presidencial. Como dice el viejo y conocido refrán: “dime con quien andas y te diré quien eres”.