Las personas, como sujetos sociales, resignifican el mundo a través de símbolos y signos compartidos que les permiten ser, estar y habitar el universo. Los procesos sociales, económicos, políticos, tecnológicos modifican la realidad transformándola y por ende repercuten en estas construcciones sociales –signos, símbolos-. Los cambios generan crisis y los sujetos deben reacomodarse en su forma de comprender y habitar.

La sociedad moderna, de la modernidad sólida, desde fines de los ’70 comenzó a trasformarse. Esta transformación invadió todos los ámbitos de la vida social, las certezas dejaron de serlo, la política y la forma de construirla se modificó, la economía se liberalizó, la tecnología invadió y la cultura cambio los valores de solidaridad, homogeneidad e igualdad por los de individualidad, equidad y heterogeneidad.

Esta modificación impacto profundamente en las instituciones sociales básicas: el Estado, la economía, la educación, la escuela, los sindicatos, las agrupaciones que representaban los intereses sociales. En este contexto los sujetos también cambiaron, tanto los que habitan las instituciones como los que llegan a ellas para satisfacer una demanda o necesidad.
En el contexto de lo cierto las personas tendían a agruparse por identificación de intereses conformando arreglos institucionales que permitían transmitir las demandas e incumbencias sectoriales al Estado en busca de respuestas materializadas en propuestas de política pública. La mediación política constituía el mecanismo mediante el cual se interrelacionaban con certeza la esfera de los público y la esfera de lo privado. En términos generales, la mayoría de los ciudadanos estaba representada institucionalmente. La política gozaba de centralidad y era el articulador social por excelencia.

Con el avance del neoliberalismo y la transformación del Estado y la sociedad, el mercado se convirtió en el parámetro ordenador y articulador más rápido y eficaz. La transformación, en el contexto de la modernidad líquida, o posmodernidad, implicó que las características de certeza tanto en los sujetos como las instituciones se hayan disuelto. Este nuevo panorama se caracteriza por: i) la retracción y achicamiento del Estado, ii) el avance y consolidación del Mercado, como parámetro ordenador de la vida social, iii) el desfinanciamiento de las instituciones públicas y/o estatales, iv) la pérdida de homogeneidad social y la ruptura de la cohesión social, v) el avance del individualismo y la cultura de lo inmediato, vi) la transnacionalización del capital y las relaciones comerciales -hecho que repercute en las relaciones políticas y sociales-, y vii) la pérdida del horizonte de futuro y su reemplazo por la idea de inmediato, de instantáneo.

En este contexto las demandas se multiplican y pluralizan, pero ya no son necesariamente canalizadas a nivel institucional, una pluralidad de sujetos individuales sientan posiciones que les resultan sumamente  complejo transmitirlas al aparato estatal desde la individualidad. Sin embargo hay un considerable número de éstos ciudadanos interesados en manifestarse, pero descreídos de las instituciones tradicionales que los representaban. Entonces cabe interrogarse ¿de que forma el ciudadano anónimo que habita el espacio público puede manifestarse y dar a conocer su punto de vista?
En torno a este interrogante adquieren relevancia y centralidad los mecanismos de democracia semi-directa. Entre ellos: el referéndum, la iniciativa popular, el plebiscito, la revocatoria de mandato, la consulta popular y el presupuesto participativo. La mayoría de los mencionados se encuentran contemplados normativamente a nivel constitucional y en las leyes fundamentales a nivel local, como en el caso de Río Cuarto, aunque su uso es escaso.

La posible aplicación de los mismos en temas cruciales de política pública como la medioambiental, de salud, educativa, el uso de los espacios públicos e históricos, el destino de inversiones de envergadura, el boom de la construcción, entre otros tantos temas más, permitiría legitimar a las gestiones gubernamentales asediadas por intereses particulares que condicionan los escasos márgenes de maniobra política. Sin embargo existe una resistencia gubernamental, no develada, a convocar a los ciudadanos comunes, a aquellos sujetos no identificados colectivamente, a participar manifestando su voluntad respecto a cuestiones que afectan a la convivencia social de las generaciones presentes y futuras.